Cámara obligatoria y proporcionalidad en el software de exámenes en línea

Para un equipo que desarrolla software de exámenes en línea, esta pregunta parece una elección técnica. Si se enciende la cámara, si se guarda la grabación. En realidad es una decisión de diseño que determina qué datos tratará el producto, y cambiarla después sale caro.

Un alumno se niega a encender la cámara en un examen a distancia y explica que no quiere que se grabe su casa. La institución responde que hay que garantizar la integridad del examen. En este punto chocan dos intereses legítimos, y la cuestión no es cuál de los dos tiene razón, sino si el método elegido por la institución es realmente necesario.

Esta pregunta se me plantea constantemente en proyectos de tecnología educativa, y suele debatirse en un marco equivocado. El debate se convierte en el dilema de "¿se enciende la cámara o no?", cuando la pregunta que jurídicamente hay que hacer es más estrecha. ¿Puede alcanzarse el mismo fin tratando menos datos?

Qué pregunta la proporcionalidad

El artículo 4 de la Ley 6698 exige que los datos personales sean pertinentes, limitados y proporcionados en relación con los fines para los que se tratan. Este principio no es un buen deseo abstracto, sino una herramienta de filtrado concreta.

La integridad del examen es un fin legítimo, en eso no hay discusión. Pero ese fin no legitima cualquier dato que pueda recogerse sobre el candidato. Grabación de vídeo continua, captura de pantalla, seguimiento de los movimientos del teclado y del ratón, instalación de un cliente que exige amplios permisos en el dispositivo. Cada uno de estos elementos debe evaluarse por separado, y para cada uno hay que preguntarse: ¿no puede garantizarse la integridad del examen sin esto?

En la mayoría de los casos, sí puede garantizarse. Aleatorizar el banco de preguntas, fijar un límite de tiempo, mezclar el orden de las preguntas, aumentar el peso de las preguntas abiertas y un análisis estadístico posterior de anomalías consiguen un nivel serio de integridad sin necesidad de grabar. Pasar directamente a la grabación por cámara sin probar antes estas herramientas es una elección difícil de defender en términos de proporcionalidad.

Por qué el consentimiento no funciona aquí

El primer reflejo de las instituciones es pedir el consentimiento del alumno. Antes de empezar el examen aparece una casilla de aceptación, y el alumno no puede entrar al examen si no la marca.

El problema de este planteamiento es el siguiente. Para que el consentimiento sea válido, debe haberse dado con voluntad libre. Es difícil sostener que el consentimiento de un alumno que, de no aceptar, no puede presentarse al examen, se apoya en una voluntad libre. Y además, del otro lado está la institución que pone la nota, registra la asistencia y afecta a la decisión de graduación. Ese desequilibrio de poder vicia el consentimiento desde el principio.

La conclusión práctica que se deriva de esto es la siguiente. Basarse en el consentimiento para los datos del alumnado da a la institución una sensación de seguridad, pero no ofrece protección jurídica. Lo que la institución debe hacer es evaluar si el tratamiento se apoya en otra base jurídica y, si no es así, renunciar a ese tratamiento.

Cuando está en juego un menor

Respecto a los alumnos en edad de escolarización obligatoria, el panorama es aún más delicado. Aquí, la capacidad para consentir, el papel de los padres o tutores y el interés superior del menor son cuestiones que deben valorarse por separado.

Al diseñar una plataforma educativa, hay que establecer flujos distintos según la edad del usuario. Ofrecer la misma interfaz tanto a un alumno de diez años como a un estudiante de máster de veinticinco es problemático no solo en términos de usabilidad, sino también jurídicamente. Un campo en el modelo de datos que registre el grupo de edad, con reglas de tratamiento distintas asociadas a ese campo, es la traducción técnica de esa distinción.

Qué demuestra el registro de aprendizaje

El aspecto menos comentado de la tecnología educativa es para qué sirve después el registro que produce.

Cuando un alumno impugna una calificación, ¿qué tiene la institución en sus manos? ¿Un simple registro de "examen completado", como quien cierra un billete, o una cadena que muestre qué respuesta se dio a cada pregunta, con qué criterio se puntuó y quién la evaluó?

Si existe lo segundo, la reclamación se resuelve en diez minutos. Si no, la reclamación se convierte en una defensa que pide confiar en el propio registro de la institución, y esa defensa es débil. Por eso, al diseñar un sistema de evaluación debe seguirse este orden. Primero se redacta el resultado de aprendizaje. Después el criterio de aprobación se vincula a ese resultado. La pregunta se genera según el criterio. Se conserva el registro de la evaluación. La vía de reclamación y el procedimiento de revisión se definen de antemano.

Cuando esta cadena está construida, el certificado de aprobación tiene detrás un fundamento demostrable. Cuando no lo está, el certificado queda reducido a una declaración que depende de la buena fe de la institución.

Mi recomendación a las instituciones

Antes de comprar software de vigilancia, midan qué parte del problema de integridad puede resolverse con el propio diseño del examen. En la mayoría de las instituciones esta medición nunca se hace, y se pasa directamente a la solución más intrusiva.

Si tras esa medición sigue siendo necesaria la vigilancia, redacten una justificación separada para cada dato que se recoja. "El sistema lo recoge" no es una justificación. El dato cuya justificación no pueda escribirse debe eliminarse del sistema. Esto debe ser también objeto del contrato con el proveedor, porque la mayoría de los productos listos para usar recogen más de lo necesario y vienen con esos ajustes por defecto.