La responsabilidad del Estado en las empresas emergentes de tecnología espacial

Para los equipos que tratan datos de satélite o desarrollan software para empresas espaciales, esta norma parece lejana. Sin embargo, influye en muchas decisiones, desde cómo se guardarán los datos hasta cómo se estructurará el contrato.

En el derecho espacial existe una única regla que funciona de manera distinta a la de cualquier otra rama del derecho, y la mayoría de los emprendedores la descubre tarde.

El artículo 6 del Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 establece que los Estados son internacionalmente responsables de las actividades espaciales nacionales. El resultado no cambia aunque la actividad la lleve a cabo una empresa privada. El artículo añade además que esas actividades quedan sujetas a la autorización y a la supervisión continua del Estado correspondiente.

Es más fácil entender lo que esto significa con un ejemplo. Cuando una empresa de software comete un error, responde ante su cliente. Cuando una empresa espacial comete un error, es el Estado quien pasa a responder ante otro Estado. La diferencia no es de escala, es de naturaleza.

Cómo se construye la cadena de responsabilidad

El Convenio sobre Responsabilidad de 1972 concreta esta cadena. Por los daños causados en la superficie de la Tierra o a una aeronave en vuelo, el Estado de lanzamiento tiene responsabilidad objetiva. Es decir, no se exige culpa.

Esto produce una consecuencia directa en el plano comercial. El Estado querrá trasladar al operador privado esta responsabilidad que puede recaer sobre él. Por eso el documento de autorización suele contener cláusulas de repetición, obligación de seguro y requisitos de garantía. Si al empezar a negociar el contrato no conoce el importe de estas partidas, tampoco conoce el coste real del proyecto.

El registro está ligado a esto. El Convenio sobre Registro de 1975 exige la inscripción de los objetos lanzados al espacio. El registro determina bajo la jurisdicción y el control de qué Estado se encuentra un objeto. Es decir, aquí empieza la respuesta a la pregunta de qué derecho resulta aplicable.

El mapa de autorización en Turquía

La Agencia Espacial Turca se creó en 2018 mediante Decreto Presidencial y es responsable de elaborar el programa espacial nacional y de coordinar las actividades.

Pero la actividad espacial no queda limitada a un único organismo. El uso de frecuencias y órbitas está sujeto a un régimen aparte, en el que resultan determinantes las regulaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. A nivel nacional, la autoridad competente es el organismo turco de tecnologías de la información y las comunicaciones. Si está en juego el control de exportaciones, entran en juego otras autoridades.

Al iniciar un proyecto hay que elaborar este mapa. Qué permiso se obtiene de qué organismo, en qué orden y en cuánto tiempo. Este calendario avanza de forma independiente del calendario de desarrollo técnico y suele ser más largo que él. Lo que retrasa el proyecto muchas veces no es el software, es el permiso.

Los propios datos son una cuestión aparte

El problema práctico que con más frecuencia me encuentro en los proyectos espaciales no es técnico, tiene que ver con los datos.

Los derechos sobre los datos de la misión deben regularse en los contratos de lanzamiento y de operación. Si queda un vacío en el contrato, resolverlo después es muy difícil, porque la contraparte ya ha tenido acceso a esos datos y una limitación retroactiva no funciona en la práctica.

Los datos de observación de la Tierra plantean una cuestión aparte. A medida que aumenta la resolución, se refuerza la probabilidad de que el dato adquiera el carácter de dato personal. Una imagen en la que puede leerse la matrícula de un vehículo no está sujeta al mismo régimen que una imagen a escala de una ciudad. Al diseñar el sistema hay que determinar a partir de qué resolución entra en juego un régimen de tratamiento distinto, y esto debe construirse como un punto de control en la propia línea de datos.

El tercer punto es la integridad. Debe poder demostrarse el origen del dato de telemetría, su marca de tiempo y que no ha sido alterado. Es lo único que tendrá valor probatorio cuando se realice un examen posterior a un incidente. Si existe la posibilidad de que el registro se haya generado a posteriori, el registro en sí mismo no sirve como defensa.

El debate sobre la extracción de recursos

El artículo 2 del Tratado prohíbe la apropiación nacional. La situación de la extracción de recursos de los cuerpos celestes frente a esta prohibición no es clara.

Algunos Estados han adoptado en su legislación interna normas que reconocen la propiedad sobre el recurso extraído. La compatibilidad de estas normas con el Tratado es discutida, y todavía no se ha consolidado una práctica internacional asentada en la materia. Lo honesto que puede decirse a una iniciativa que trabaje en este ámbito es lo siguiente. El terreno jurídico no está asentado, y esa incertidumbre debe anotarse como una partida de riesgo en la decisión de inversión. Cualquier opinión que se presente como definitiva ofrece hoy por hoy una información incompleta.

Qué llevar a la mesa de negociación del contrato

En los proyectos espaciales veo el mismo problema allí donde el equipo técnico y el equipo jurídico trabajan por separado. Las decisiones tomadas al escribir el software del segmento terrestre afectan directamente al régimen de responsabilidad, y esta conexión suele advertirse recién después de firmado el contrato.

A la primera negociación deben llegarse con estos tres puntos ya definidos. De qué organismo y con qué condiciones se obtendrá la autorización. Cómo se repartirá entre las partes la responsabilidad y la carga del seguro. A quién pertenecerán los derechos sobre los datos de la misión y quién podrá acceder a ellos. La planificación técnica que se hace sin haber resuelto estos tres puntos acaba teniendo que rehacerse después.